EL GOBIERNO APRUEBA EL REAL DECRETO-LEY 1/2025 CON MEDIDAS URGENTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSPORTE 

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 1/2025, que incluye una serie de medidas urgentes en distintos ámbitos, con el objetivo de proteger a los colectivos más vulnerables, garantizar la estabilidad económica y fomentar el transporte sostenible. 

Esta normativa responde a la persistente inestabilidad internacional, la inflación y los efectos de desastres naturales como la DANA de 2024 y la erupción de La Palma. 

MEDIDAS ECONÓMICAS Y DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

Entre las disposiciones más relevantes, se encuentra la prórroga hasta 2026 de la suspensión de la liberalización de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, aplicable a aquellas superiores a 500 millones de euros. Además, se ha establecido una suspensión temporal de la disolución por pérdidas para las empresas afectadas por la DANA de octubre-noviembre de 2024, evitando su cierre inmediato. 

Asimismo, el Gobierno autoriza a la Comunitat Valenciana a formalizar operaciones de endeudamiento para financiar los gastos extraordinarios derivados del desastre natural. 

BONIFICACIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO 

El Real Decreto-ley también establece nuevas ayudas al transporte público, vigentes hasta junio de 2025. Entre ellas destacan la gratuidad del transporte para menores de edad, el 50% de descuento para jóvenes en transporte urbano e interurbano, así como una reducción del 20% en billetes multiviaje para adultos si las administraciones locales aportan otro 20%. 

En el transporte ferroviario, los jóvenes podrán acceder a tarifas reducidas de 10 euros mensuales en Cercanías y Media Distancia. Además, el transporte público en Canarias y Baleares será completamente gratuito. 

REFORMA EN SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN A LOS PENSIONISTAS 

Una de las medidas más esperadas es la revalorización del 2,8% de las pensiones contributivas para 2025, con las siguientes cuantías mínimas: 

• Jubilación con cónyuge a cargo: 14.466 euros anuales. 

• Jubilación individual: 11.552 euros anuales. 

• Pensión de viudedad con cargas familiares: 14.466 euros anuales. 

Además, se actualizará la base máxima de cotización, que pasará a 4.930 euros mensuales, reflejando el aumento de los salarios en la economía española. También se aplicará la nueva cotización de solidaridad para trabajadores con sueldos superiores a la base máxima, con tipos que van del 1% al 6%, dependiendo del nivel salarial. 

En el Régimen de Clases Pasivas, se implementará un aumento progresivo de la pensión máxima, permitiendo que aquellos jubilados bajo este sistema vean una mejora gradual en sus ingresos, similar a la que reciben los afiliados al Régimen General. 

NUEVAS NORMAS LABORALES Y PROHIBICIÓN DE DESPIDOS 

Para proteger el empleo, el Real Decreto-ley establece que las empresas que reciban ayudas públicas no podrán justificar despidos basados en el incremento de costes energéticos. Además, el compromiso de mantenimiento del empleo en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) gestionados bajo el Mecanismo RED se amplía de 6 meses a un máximo de 2 años. 

También se reforzará el control sobre las bonificaciones en la contratación, exigiendo que las empresas beneficiarias mantengan a los trabajadores en plantilla al menos 12 meses tras recibir incentivos. 

El decreto introduce además medidas de fomento del empleo joven, ampliando las ayudas a la contratación de menores de 30 años, con subvenciones de hasta 5.000 euros por trabajador para empresas que incorporen a jóvenes en contratos indefinidos. 

MEDIDAS SOCIALES Y PROTECCIÓN A COLECTIVOS VULNERABLES 

El Gobierno también ha aprobado medidas en el ámbito de la vivienda, destacando la suspensión de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025 para personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se creará una línea de avales públicos para garantizar el pago del alquiler a jóvenes y familias con bajos ingresos. 

Por otro lado, las ayudas a los afectados por la erupción de La Palma se prorrogan hasta junio de 2025, permitiendo la exención de cuotas a la Seguridad Social y la suspensión de pagos de préstamos para agricultores perjudicados. 

PROTECCIÓN A CONSUMIDORES VULNERABLES 

Para evitar el impacto de la crisis energética en los hogares más necesitados, se ha decretado la prohibición de cortes de suministro de agua y electricidad hasta diciembre de 2025. Además, el bono social eléctrico continuará vigente hasta el 1 de enero de 2026. 

DISPOSICIONES FINALES Y ENTRADA EN VIGOR 

El Real Decreto-ley también contempla la prórroga de medidas de los Presupuestos Generales de 2023, la ampliación de ayudas agrarias para los afectados por la DANA en Valencia. 

Esta normativa entra en vigor de inmediato tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Esta normativa entra en vigor de inmediato tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Para acceder al texto completo, pinche aquí.